|
Dos
años de cárcel para un informático creador
de un virus
Un joven de A Coruña ha aceptado
una pena de dos años de cárcel y ha sido condenado
a dos años de prisión por un delito de daños
informáticos y al pago de 1.4 millones de € en concepto
de responsabilidad por el Juzgado Penal número 2 de Lleida.
El hombre realizó en 2002 el mayor ataque registrado de Denegación
de Servicios Distribuidos (DDoS), conocido hasta esa fecha en Europa.
Los hechos se remontan al año 2002 cuando el joven fue expulsado
de uno de los chats de la asociación IRC Hispano por saltarse
las normas. Empezó así una venganza popular que lo
llevó a atacar a la empresa y también a otras. Para
vengarse, el joven realizó el mayor ataque registrado en
Europa de Denegación de Servicios Distribuidos (DDoS), provocó
el colapso de los servidores de asociación IRC-Hispano y
casi casi tres millones de internautas españoles se vieron
afectados. El ataque DDos consiste en hacer que un gran número
de ordenadores intenten visitar una página al mismo tiempo,
ésta se colapsa y cae.
El joven entre el 25 y el 26 de diciembre de 2002 y tras propagar
por la red un virus que afectó a miles de ordenadores sobre
los que obtuvo el control total, comenzó sus ataques a los
nodos (puntos de conexión) de IRC-Hispano, mediante el uso
simultáneo de miles de computadoras con la intención
de provocar el colapso de los servidores de la asociación.
Según el relato policial tras su detención, el condenado
realizó primero embates de efecto moderado en la que utilizó
dos modalidades. Esperó cuatro meses y, en abril de este
año, inició un ataque avanzado a lo largo de 20 días,
durante los que realizó entre dos y tres acciones diarias
para las que utilizó nueve sistemas diferentes.
La Guardia Civil descubrió que la mayor parte de los ataques
habían sido efectuados desde computadoras ubicadas en el
extranjero, muchas de ellas en Asia, y sólo dos de las máquinas
se encontraban en España. Gracias a la colaboración
de los propietarios de estos ordenadores fue posible localizar al
causante.
Arriba
Desciende
el número de delitos en 2005
Según datos recopilados por
el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, los homicidios
descendieron un 3,6% respecto al año 2004 y casi un 10% desde
2003. Los delitos contra el patrimonio cayeron un 3,2% y descendieron
especialmente los hurtos, un 13,4%. Según estos datos, España
cuenta con las tasas de criminalidad (infracciones por cada mil
habitantes) más bajas de toda la Unión Europea: 49,5
frente a las 70 de la media europea. Además, en 2005 se consolidó
la tendencia descendente del número total de delitos que
cayeron un 1,6%.
Especialmente significativa fue la reducción de los hurtos,
que descendieron un 13,4% mientras las sustracciones de vehículos
cayeron un 7%. Los robos con fuerza en cosas y los robos con violencia
o intimidación también descendieron en 2005, aunque
lo hicieron de forma más moderada: un 0,2 y un 0,4% respectivamente.
Por su parte, los asesinatos y homicidios cayeron un 3,6% y mantienen
la tendencia descendente iniciada en 2004: desde 2003, este tipo
de delito ha caído casi un 10% (9,7%). Así, en 2003,
las muertes violentas sumaron 1.366, cifra que se redujo a 1.279
(-6,4%) en 2004 y a 1.233 (-3,6%) el año pasado, la cifra
más baja desde al menos 1999.
Los delitos contra las personas en conjunto se incrementaron un
3,9%, ascenso que se explica básicamente por los delitos
de lesiones (10,2%) y por el aumento de las denuncias por malos
tratos en el ámbito familiar (2,4%). Este incremento se explica
en parte por la eficacia de las medidas puestas en marcha desde
diferentes ámbitos para favorecer las denuncias por parte
de las mujeres víctimas de malos tratos.
En cuanto a las denuncias referidas a delitos contra la propiedad
intelectual e industrial, presentan un importante ascenso del 19,6%,
una evolución que refleja el incremento de la actividad policial
en la lucha contra este tipo de criminalidad.
Por su parte, las faltas, las infracciones más leves, se
incrementaron un 6,2% si bien en el segundo semestre del año
la tendencia al crecimiento se ha moderado respecto a los meses
anteriores. Las faltas en 2004 sumaron 1.006.153 y en 2005 han sido
1.068.492. En total, las infracciones penales (delitos y faltas)
se han incrementado en los últimos doce meses un 2,5%.
Este incremento general se explica en buena medida por el incremento
de las faltas de hurto (6,8%), sustracciones por valor inferior
a 400 euros y que habitualmente se producen en la vía pública,
grandes superficies comerciales, locales de hostelería o
medios de transporte público. Este tipo de faltas representa
un 56,5% del total de las infracciones leves.
De la misma manera, en 2005 se registró un crecimiento de
las denuncias por faltas contra las personas del 10,8%, en particular
por el nuevo registro de las faltas de incumplimiento de obligaciones
familiares o de vejaciones leves, cuya tipificación fue introducida
por la Ley Orgánica 15/2003 de reforma del Código
Penal.
Delincuencia juvenil
La delincuencia juvenil ha registrado durante el año 2005
una notable reducción de un 5,2% con respecto al año
2004, periodo en el que se contabilizaron 23.257 infracciones penales
por las 22.039 del año que acaba de terminar. El descenso
más pronunciado se encuentra en los delitos contra el patrimonio.
En este tipo de conductas delictivas la reducción se ha situado
en un 7,7%. De manera más concreta, los robos con violencia
o intimidación han descendido un 8,5% y los robos con fuerza
en las cosas un 6,5%. La tarea preventiva de las FCSE ha dado también
resultados muy positivos en cuanto a la sustracción de vehículos,
con una caída de un 15,6% en relación con las cifras
de 2004. Otro comportamiento delictivo que también se ha
reducido a lo largo del año 2005 han sido las agresiones
sexuales. La variación con respecto a 2004 es de un 4,8%.Estos
datos engloban al conjunto de infracciones penales cometidas por
los jóvenes comprendidos entre los 10 y los 18 años.
Eficacia policial
Por último, la mejora de las tasas de eficacia policial iniciada
en 2004 se ha consolidado en 2005, año en el que se produjeron
importantes incrementos de las tasas de infracciones esclarecidas
y de detenidos. Respecto a la tasa de infracciones esclarecidas,
se incrementó el año pasado un 1,7%, hasta alcanzar
el 29,5% sobre las denuncias conocidas por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado. Desde 2003, el incremento acumulado alcanza
casi un 7%.
Por su parte, la tasa de detenciones sufrió igualmente un
importante ascenso del 2,4%, hasta los 130 detenidos por el Cuerpo
Nacional de Policía y por la Guardia Civil por cada mil infracciones
penales conocidas. Desde 2003, cuando la tasa fue de 111 detenidos
por cada mil infracciones, el ascenso alcanza un 11,7% y sitúa
a los datos de 2005 como los mejores desde 1996.
Arriba
El Consejo de Estado propone reducir en al menos 25 el número
actual de senadores
En un informe elaborado por el Consejo
de Estado a petición del Gobierno propone en reducir en al
menos 25 el número actual de senadores, así como hacer
coincidir su elección con los comicios autonómicos
y no con los del Cogreso. Esta es parte de la propuesta realizada
al Gobierno por la comisión de Estudios del Consejo de Estado
para la reforma de la Cámara Alta, cuyo objetivo fundamental
es reforzar su carácter de institución de "representación
territorial".
El modelo preferido por sería el de seis senadores fijos
por comunidad, uno por provincia y otro por cada millón de
habitantes en una Cámara de 234 escaños. Este haría
"más visible y mejor el giro autonómico que se
imprimiría al Senado", una opción que provocaría
la reducción en el futuro de 25 escaños y que se enfrenta
al sistema actual en el que hay cuatro representantes por provincia,
uno por comunidad y uno por cada millón de personas.
Otra de las novedades sería a que se la considerase como
una Cámara permanente cuyos miembros sean elegidos al tiempo
que los representantes de los Parlamentos autónomos, cuyas
convocatorias electorales no coinciden en el tiempo. "A partir
de la nueva forma de selección propuesta, se desprende que
el Senado dejará de ser una Cámara sujeta a un mandato
temporal como el que establece el artículo 69.6, para ser
una cámara cuya vida transcurre con independencia del Congreso",
explican los consejeros, que, en consecuencia, solicitan una revisión
del régimen de disolución del Senado previsto en la
Constitución.
Finalmente detallan el alcance del Senado como un espacio de cooperación
entre las comunidades y con el Estado. Sostienen que una cámara
parlamentaria no puede sustituir a los órganos intergubernamentales
y no es admisible un modelo como el del Bundesrat, en el que están
presentes los Ejecutivos autonómicos.
Arriba
El
CGPJ reforzará la instrucción del caso de los atentados
del 11-M
La Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) acordará una prórroga
de dos meses del refuerzo del juez de la Audiencia Nacional Juan
del Olmo, con la finalidad de que pueda concluir la instrucción
del caso de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Según la propuesta elevada a la Comisión por los
vocales Enrique López y Javier Martínez Lázaro,
el refuerzo será realizado por los también jueces
Centrales de Instrucción de la Audiencia Teresa Palacios
y Fernando Andreu, que se han ofrecido voluntarios a apoyar al Juzgado
de Del Olmo.
En febrero, la juez Palacios se ocupará de llevar los asuntos
del Juzgado de Del Olmo que no sean el caso del 11-M, y en marzo,
hará lo propio el juez Andreu. La propuesta es remunerar
a ambos esta comisión de servicio con 1.202 euros mensuales.
El refuerzo sustituirá al que ha desempeñado desde
el 4 de octubre de 2004 hasta la fecha el juez Félix Degayón,
que ha optado por regresar al Juzgado de Córdoba donde trabajaba
con anterioridad. Además, los vocales proponentes, que son
los encargados de los planes de urgencia de tribunales, requieren
que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional informe mensualmente
a la Comisión Permanente del CGPJ, a través del Servicio
de Inspección, sobre la efectividad de la medida de refuerzo
y la evolución del órgano afectado por la misma.
Arriba
Comienza
en Sevilla el juicio contra los acusados del canjeo fraudulento
de permisos militares de conducir
La Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Sevilla celebra un macrojuicio en el que un total
de 59 personas serán interrogadas como acusadas en relación
con una trama de canjeo de falsos permisos militares de conducción
por los habituales carnés de conducir. Un empleado laboral
del Ministerio de Defensa deberá responder como supuesto
autor material de la falsedad continuada, mientras que un mecánico
de la Agrupación de Apoyo Logístico aparece como principal
cooperador necesario.
Los hechos ocurrieron entre mayo de 1995 y enero de 1996, cuando
se canjearon más de 50 permisos de circulación en
la Jefatura Provincial de Tráfico. Los acusados eran supuestamente
captados para adquirir un permiso militar de conducir, por un precio
de entre 1.500 € y 600 €, para luego acudir a la DGT y
canjearlo por uno habitual tipo B-1.
Los acusados seguian siempre el mismo método para la elaboración
de los falsos permisos de conducir militares, utilizando diversas
máquinas de escribir, varios selladores y distintos originales
de este tipo de permisos. Por su parte, el citado mecánico,
se encargaba de contactar con personas que desearan obtener de esta
"ilícita forma" el carné de conducir. Estos
hechos serían constitutivos de un delito continuado de falsedad
en documento oficial, solicitando el fiscal penas comprendidas entre
seis y cuatro años de prisión a los principales autores,
y un año para el resto de cooperantes.
Arriba
Las
cárceles andaluzas contarán con sala de videoconferencia
para reducir las salidas y visitas médicas de los presos
El responsable del sindicato USO en
las prisiones de Andalucía, Ceuta y Melilla, César
Rodríguez, ha afirmado que se ha firmado un convenio de colaboración
con la entidad pública Red.es, por el que las cárceles
españolas recibirán una inversión de 25 millones
de euros para la instalación de aulas informáticas
y sistemas de videoconferencia, para reducir el número de
salidas de los internos y visitas médicas, y promover el
uso de las tecnologías de la información.
Cada año se producen más de 140.000 salidas de prisión
de los internos a los juzgados y los hospitales, lo que supone un
importante despliegue de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Así, se instalará una sala de videoconferencia
en cada uno de los 66 centros dependientes de Instituciones Penitenciarias,
desde la que los juzgados podrán practicar las actuaciones
que la Ley permite a través de este sistema. En 2005, se
produjeron un total de 74.000 traslados desde las cárceles
a los juzgados para que, por ejemplo, los internos declaren.
En la presentación del convenio estuvo presente el juez
central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, quien
destacó el hecho de que se pueda contactar con los reclusos
judicialmente en cualquier momento y se eviten parte de los traslados,
lo que supondrá una "agilización" de la
Administración de Justicia y una reducción de los
costes.
Las nuevas infraestructuras tecnológicas permitirán,
por otra parte, la progresiva implantación de la 'telemedicina'
en los centros y permitirá realizar sin traslados tareas
administrativas y consultas médicas de algunas especialidades.
En 2005, los traslados a centros hospitalarios superaron la cifra
de 70.000.
Uno de los puntos del acuerdo incluye la habilitación de
aulas de informática y servicios de desarrollo de contenidos
de formación para internos. Estas aulas, con capacidad para
20 alumnos, tienen como objetivo final la incorporación del
interno al mundo laboral una vez cumplida la pena, a través
de los conocimientos que adquieran en las mismas.
Arriba
El
Anteproyecto de Ley de Dependencia a debate con las Comunidades
Autónomas
El anteproyecto de Ley de Dependencia
pasará este miércoles su primera prueba con los gobiernos
de las Comunidades Autónomas, encargadas de gestionar su
aplicación. El Consejo Sectorial de Asuntos Sociales, que
reúne a las administraciones central y regionales, analizará
por primera vez la propuesta del Ejecutivo, que prevé levantar
del 2007 al 2015 todo un sistema nacional de atención a quienes
por edad o enfermedad son incapaces de valerse por sí mismos.
Dicho proyecto ha sido recibido con prudencia general, aunque son
muchos los gobiernos regionales que tienen dudas sobre la financiación
y si los Presupuestos Generales del Estado podrán soportarlo.
En el ámbito parlamentario algunas voces denuncian ya posibles
extralimitaciones del proyecto. Para Carles Campuzano, diputado
de CiU, "el actual redactado del anteproyecto sería
inconstitucional" y "vacía de contenido las competencias
exclusivas en servicios sociales". También Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC), socio parlamentario del Gobierno
matiza su respaldo general a la futura ley y revisa el texto en
busca de posibles intrusiones competenciales susceptibles de un
recurso ante el Constitucional si no se corrigen durante las largas
negociaciones pendientes.
El PP, por su parte, reclamó que exima del copago de una
parte del coste del servicio a los usuarios con las rentas más
bajas. La secretaria de Políticas Social y Bienestar del
PP, Ana Pastor, recriminó al Ejecutivo la falta de diálogo
con el principal partido de la oposición y la escasa voluntad
de llegar a un "acuerdo de Estado" demostrado hasta ahora
por el Ministerio.
Arriba
El
Gobierno amplía los derechos de los emigrantes españoles
El Consejo de Ministros ha aprobado
el Proyecto de Ley del Estatuto de los Ciudadanos Españoles
en el Exterior que garantizará que los españoles residentes
en el extranjero tengan los mismos derechos y deberes constitucionales
que los que viven en España. La Vicepresidenta Primera del
Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, ha explicado
que la iniciativa afecta a un millón y medio de españoles
que viven en el exterior. El Gobierno equiparará los derechos
civiles, sociales y culturales de este colectivo y tratará
de facilitar su integración en los países de destino.
Fernández de la Vega ha destacado que "se protegerá
especialmente a aquellas personas mayores que tengan algún
tipo de discapacidad". Además, serán objeto de
especial protección los ciudadanos que carezcan de recursos
suficientes, los jóvenes o mujeres con dificultades de integración
social o laboral, así como los españoles desplazados
durante su minoría de edad como consecuencia de la guerra
civil española.
La vicepresidenta ha anunciado que "se pondrá en marcha
un plan de empleo que facilite la reinserción en el mercado
de trabajo español" de los emigrantes que decidan volver
a España, y se creará una Oficina Española
de Retorno.
Arriba
El
Consejo General de Procuradores se incorpora al Punto Neutro Judicial
El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE)
firmarán el próximo miércoles un convenio de
colaboración por el que el segundo se incorpora, como usuario,
al denominado "Punto Neutro Judicial". El CGPJ viene desarrollando
el "Punto Neutro Judicial" como nodo central de comunicaciones
entre las distintas redes judiciales territoriales permitiendo,
además, que los distintos órganos judiciales tengan
acceso a diversos registros y organismos públicos de forma
rápida y segura.
Mediante el Convenio, que suscribirán el Vocal del CGPJ,
Carlos Ríos Izquierdo, y el Presidente del Consejo General
de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa,
los procuradores se incorporan a este sistema de intercambio de
Documentos Judiciales para llevar a cabo por esta vía las
comunicaciones que deben dirigir a los órganos jurisdiccionales
sitos en la Comunidad de Madrid respecto de las designaciones recaídas
en los procedimientos de reconocimiento del derecho a la asistencia
jurídica gratuita.
Por otro lado, el Convenio posibilitará el acceso, por medios
informáticos, de Juzgados y Tribunales al Directorio de Procuradores
ejercientes gestionado por el Consejo General de Procuradores de
España.
Arriba
Los
fiscales Antidroga rechazan sustituir las condenas a 'narcos' extranjeros
por su expulsión de España
La Junta General de la Fiscalía
Especial Antidroga ha acordado oponerse a la sustitución
de la pena de cárcel por la expulsión de España
para los extranjeros condenados por delitos de tráfico de
drogas o blanqueo de dinero de esa procedencia, siempre que se trate
de personas integradas en redes de narcotráfico.
En el resto de casos, abogan por una aplicación restrictiva
de esta posibilidad de sustitución de las penas de cárcel
por expulsión, incluso en los supuestos de menor gravedad,
debido a que "el escaso o nulo arraigo que en ocasiones pueda
tener el imputado o condenado en España puede resultar un
factor criminógeno si se le sustituye la pena o el proceso
por la expulsión".
La sustitución de las condenas por la expulsión de
España está comtemplada en el artículo 89.1
del Código Penal, de acuerdo a la reforma de 29 de septiembre
de 2003. Dicho precepto señala que "las penas privativas
de libertad inferiores a seis años de cárcel impuestas
a un extranjero no residente legalmente en España serán
sustituidas en la sentencia por la expulsión del territorio
español salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del
ministerio fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecien
que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena
en un centro penitenciario en España".
Los fiscales Antidroga descartan totalmente la sustitución
del proceso o de la pena impuesta en casos de narcotráfico
o blanqueo de capitales de la droga, cuando se aplique al caso la
agravante de pertenencia a organización, ya que se trata
de supuestos de asociación ilícita excluidos por el
propio Código Penal.Pero además, respecto a los demás
supuestos, señalan que debe aplicarse la Convención
de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas.
Este convenio obliga a los Estados firmantes a esforzarse por asegurar
que las facultades discrecionales de su derecho interno (como esta
posibilidad de sustituir la pena de cárcel por expulsión)
"se ejerzan para dar la máxima eficacia a las medidas
de detención y represión", teniendo en cuenta
la necesidad de crear un efecto disuasivo respecto a la comisión
de esos delitos.
Ello implica, según la Fiscalía Antidroga, que haya
de mantenerse una interpretación restrictiva de la sustitución
de la cárcel por expulsión, "atendiendo a la
trascendencia y gravedad del delito, en supuestos de concurrencia
de alguno de los subtipos agravados de delitos contra la salud pública,
así como respecto de actos de tráfico de sustancias
que causen grave daño a la salud".
Arriba
El
Consejo de la Abogacía reclama incluir la pasantía
como vía para acceder a la profesión de abogado
El Consejo General de la Abogacía
(CGAE) ha reclamado incluir la institución de la pasantía
en la Ley de Acceso a la Profesión de Abogado, una "fundada
reivindicación, gracias a la cual se han formado varias generaciones
de abogados españoles como vía autónoma para
el acceso a la prueba de evaluación".
En una nota de prensa, el CGAE reclama mejoras en el proyecto de
ley que, aunque "recoge algunas de las aspiraciones que el
Consejo ha venido reclamando desde hace décadas", aún
"deja algunos puntos oscuros" que espera que "sean
subsanados en la tramitación parlamentaria".
Uno de los "aspectos más negativos del proyecto",
según el Consejo, es la referencia a que las prácticas
externas deberán constituir "un tercio como máximo
del contenido formativo de los cursos", lo que permitiría
que estos cursos tuvieran una semana o un mes de formación
práctica. Ese tercio debería ser "el mínimo
y no el máximo", ya que la formación práctica
debe ser "la parte sustancial y más extensa de los cursos".
El Consejo reprueba que se mantenga una "vacatio legis"
en la ley de seis años, "que no sólo no se justifica
sino que dilata de forma muy grave la solución al problema
de fondo, que es la garantía adecuada de seguridad jurídica
para todos los ciudadanos" en su derecho a la defensa. El proyecto
prevé que no entre en vigor la ley hasta seis años
después de su aprobación parlamentaria, para no perjudicar
a los actuales estudiantes de derecho.
Por contra el Consejo considera positivas algunas de las medidas
establecidas en el proyecto de ley. Entre ellas, que para garantizar
las prácticas externas, las universidades y los otros centros
de formación deberán celebrar convenios con, al menos,
un colegio profesional -antes sólo era obligatorio para las
escuelas de práctica jurídica-. Así, "se
viene a evitar monopolios, oligopolios o ausencia de cursos, amparados
en la falta de acuerdo con las escuelas".
Además, considera que la ley acabará con una "situación
de excepción, ya que España es el único país
de Europa que no tiene regulado" el acceso a la abogacía,
"diferente de la formación teórica proporcionada
por la Universidad". El CGAE sostiene que la ley contribuirá
a "dar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos"
ya que permite que se equipare prácticamente las universidades,
las escuelas de práctica jurídica y otros centros
de formación en la impartición de los cursos de formación
para el acceso a la profesión, al contrario que textos anteriores,
que "atribuían un carácter preferente a la institución
universitaria".
El Consejo afirma que dichos cursos serán impartidos conjuntamente
por estas instituciones mediante convenios, que deberán ser
suscritos con carácter obligatorio. Otro de los aspectos
positivos es la valoración de la formación que vienen
impartiendo las escuelas de práctica jurídica y que,
al menos, la mitad de su profesorado sean profesionales colegiados,
lo que supone un incremento de un tercio respecto a lo anteriormente
previsto.
Arriba
Más
NJ News
|
