El nuevo estatuto de los funcionarios entrará en vigor en 2007
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, logró ayer alcanzar un preacuerdo con los sindicatos que dará luz verde al Estatuto Básico del Empleado Público, unas condiciones homogéneas para todas las administraciones. El texto, que persigue la modernización de la función pública, será enviado al Parlamento antes del verano con el fin de que entre en vigor en el 2007.

El Estatuto Básico del Empleado Público llevaba estancado dos décadas. El nuevo texto. que será firmado oficialmente con las centrales el próximo 12 de junio, es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y supone una reforma de las normas que rigen para los empleados públicos (muchas de ellas vigentes desde hace más de 50 años), para acercarlas a las necesidades del siglo XXI, explicó Sevilla.

Las tareas de los funcionarios se establecerán en virtud de una filosofía basada en el mérito, la capacidad y la experiencia. Las tareas dependerán de unos objetivos que deberán ser transparentes y negociados previamente con los representantes de los trabajadores. Los sistemas de evaluación, tanto en los procesos de selección como en los de control de las tareas encomendadas, aún están por pactar. Todas las administraciones deberán iniciar un proceso de regularización de los interinos con antigüedad anterior al 1 de enero del 2005. Las que no lo hagan, serán penalizadas.

Arriba

Hacienda prevé una rebaja del Impuesto de Sociedades en un máximo de tres años
El Ministerio de Economía prevé en un plazo máximo de tres años poder aplicar a las grandes empresas una rebaja al 30% del tipo general del Impuesto de Sociedades. El motivo fundamental sería que Hacienda dispone de margen suficiente, a la vista del excelente comportamiento de los ingresos tributarios, para afrontar la prevista reducción de los tipos en 2007, algo a lo que Economía ya se ha comprometido en firme para las pequeñas y medianas empresas (pymes). El ministro Solbes calculó ayer que la rebaja del tipo de Sociedades al 25% para las pymes a partir de enero de 2007 tendrá un coste para las arcas de Hacienda de 1.200 millones de euros.

El vicepresidente económico dejó claro ayer que la reforma del Impuesto de Sociedades que ahora se tramita no agota la necesidad de unos cambios "más profundos a medio plazo" en esta figura impositiva. Estos derivarán de la incorporación de las normas internacionales de contabilidad, lo que hará inevitable adaptar la base imponible del Impuesto.

Arriba

El CGAE pide a Hacienda que las cuotas colegiales sean tratadas igual que las sindicales
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha pedido al Ministerio de Hacienda que modifique el tratamiento que reciben las cuotas colegiales pagadas por los abogados en el anteproyecto de Ley de reforma del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para 2006, al considerarlo "claramente discriminatorio" frente a las cuotas sindicales. Por ello, el CGAE reclama "un trato similar" y "no sensiblemente peor".

El CGAE precisa en un comunicado que las cuotas colegiales constituyen "una carga obligatoria" para el desarrollo del trabajo de los letrados y son "imprescindibles" para la obtención de sus rendimientos laborales, sujetos a gravamen del IRPF. En contraposición, señala que las cuotas sindicales son de adscripción voluntaria.

En concreto, el CGAE pide que se reforme el artículo 19 del anteproyecto, cuyo primer párrafo define los "rendimientos netos del trabajo" y el segundo establece la lista cerrada de los gastos que tienen la consideración de deducibles, incluyéndose entre ellos "las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca".

Pese a indicar que el artículo presenta en plano de igualdad las cuotas a sindicatos y a Colegios Profesionales, el CGAE puntualiza que "los requisitos posteriores para éstos últimos no pueden ser más discriminatorios sin que existan razones objetivas". Además, destaca que la cuota colegial constituye en la mayoría de los casos "el único medio de financiación" de los Colegios y "un requisito indispensable para el ejercicio profesional".

Los abogados critican que se limite la parte deducible de las cuotas colegiales que "corresponda a los fines esenciales de estas instituciones", cuando, según el CGAE, "los Colegios tienen fines esenciales y no esenciales y no se sabe, además, quién definirá cuáles pueden ser unos y otros". Finalmente, reclama la desaparición de la frase "cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca".

Arriba

El CGPJ solicita al Gobierno que concrete la Ley de Igualdad
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad un informe en el que solicita al Gobierno que defina mejor los conceptos de participación y presencia equilibrada que introduce en el anteproyecto de Ley de Igualdad. Este dictamen ha sido realizado por el vocal del sector conservador José Luis Requero y fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo, que lo elevó al Pleno para su aprobación definitiva.

El informe señala que, mientras el principio de representación o composición equilibrada es definido en la Disposición Adicional Primera del anteproyecto, los de participación equilibrada y presencia equilibrada, "carecen de una mayor precisión, lo que dificulta notablemente su interpretación y aplicación".

A juicio del Consejo esta inconcreción suscita dudas de si los tres términos utilizados a lo largo de la futura norma son sinónimos, por responder al mismo principio o, por el contrario, tienen implicaciones y un grado de eficacia diferentes. Esta confusión condiciona su "exigibilidad", ya que "el anteproyecto parece dotar a estos dos últimos principios de una naturaleza programática, cuya exigibilidad resultaría de más difícil concreción".

El texto también hace referencia a las cláusulas de preferencia que las Administraciones Públicas podrán introducir en los contratos públicos con aquellas empresas que garanticen una composición equilibrada entre hombres y mujeres en los Consejos de Administración, con un mínimo anual de 10 por ciento.

Para el CGPJ la cuestión es que esa composición equilibrada se instrumentalice para lograr la adjudicación de un contrato público, lo que podría perjudicar al interés público, al principio de concurrencia en régimen de igualdad y, en último extremo, a la dignidad de las mujeres. Finalmente considera que el texto no plantea duda alguna de constitucionalidad y recomienda incorporar a su enunciado el calificativo de "integral" al entender que se trata de un "código del derecho a la igualdad de trato y oportunidades por razón de sexo".

Arriba

Más NJ News